
Talcahuano, Chile – La pesquera industrial PacificBlu comunicó este miércoles su decisión de cesar sus operaciones a partir del 1 de enero de 2026, argumentando la inviabilidad económica generada por la reciente reducción en la cuota de pesca de merluza común. La medida, impulsada por la aprobación en la Comisión Mixta del Congreso Nacional de una disminución del fraccionamiento industrial de la pesquería, que pasó de un 60% a un 48%, ha generado preocupación por el futuro de sus trabajadores y el impacto en la economía local.
Según un comunicado emitido por la empresa con sede en Talcahuano, la drástica reducción en la cuota asignada al sector industrial hace insostenible la continuidad de sus actividades. El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, lamentó profundamente esta situación, señalando que «esta decisión hace inviable la continuidad de nuestras operaciones en las condiciones actuales, un hecho que advertimos formalmente al Gobierno en reiteradas ocasiones y de manera pública con argumentos técnicos, económicos y sociales fundados».

La empresa advierte sobre el significativo impacto laboral que acarreará esta medida. Moenne detalló que «con este nuevo fraccionamiento, más de 800 trabajadores, un 63% de ellos mujeres, de manera directa, y otros 2.400 de manera indirecta, se verían afectados». Esta cifra pone de manifiesto la dependencia de la comunidad local de Talcahuano y la región del Biobío de la actividad pesquera industrial.
Además de las repercusiones laborales, el gerente general de PacificBlu criticó duramente la argumentación esgrimida por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, para justificar la reducción de la cuota. «Lamentamos profundamente que la argumentación central del subsecretario de Pesca, Julio Salas, para el caso de la merluza común, se haya sustentado en datos falsos y no rigurosos generando confusión en el debate parlamentario», afirmó Moenne, abriendo un flanco de controversia sobre la base técnica de la decisión.
El anuncio de PacificBlu se suma a la creciente preocupación dentro del sector pesquero industrial por las políticas de administración de recursos marinos y su potencial impacto en la actividad económica y el empleo en las zonas costeras del país. Se espera que en los próximos meses se intensifiquen las discusiones entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para buscar alternativas que mitiguen las consecuencias de esta medida y aseguren la sostenibilidad de la pesquería de la merluza común a largo plazo.