Talcahuano, 8 de mayo de 2025.- Con preocupación y firmeza, el senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra Chandía, se refirió a las consecuencias que tendrá en la pesca industrial de la zona —y particularmente en Talcahuano— la reciente aprobación de la ley de fraccionamiento y distribución de los recursos pesqueros. Según el parlamentario, la normativa representa un nuevo golpe al empleo en una región ya afectada por decisiones anteriores.
“Esto es un balde de agua fría, un nuevo balde de agua fría para el empleo. Y diría yo, de los que recuerdo, tres sucesivos: el cierre por la Ley de la Jibia, el cierre de Huachipato y ahora esta ley, que pone en jaque a unas 3.000 personas que podrían quedar cesantes de manera directa”, afirmó.
El senador emplazó al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas, a actuar con responsabilidad y utilizar los mecanismos constitucionales disponibles para modificar los efectos de la ley. “Un veto sustitutivo podría enmendar lo que fue, a mi juicio, un debate con un diagnóstico equivocado y cifras que no corresponden a la realidad. Aún hay tiempo para corregir”, expresó.
Saavedra criticó con dureza a los parlamentarios que, según él, no defendieron el empleo regional. “Aquí hay responsables con nombre y apellido. Diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista, e incluso parlamentarios de oposición de nuestra región que no tuvieron la valentía de defender el emprendimiento local. Me parece inaceptable la abstención del diputado Romero, cuando lo que se necesitaba era una postura clara en defensa de la merluza y la industria pesquera del Biobío”, señaló.
Asimismo, llamó a los dirigentes sindicales que participan en el Plan de Empleo a congelar su participación como señal de protesta. “No podemos seguir engañando a la región con un plan que no va a ninguna parte y que solo lleva a más cesantía”, subrayó.
Finalmente, el senador enfatizó que el desarrollo del Biobío ha sido posible gracias al trabajo de sectores como el forestal, el pesquero y el industrial, y que es deber de las autoridades proteger esas fuentes laborales. “A partir del trabajo nuestra región crece, y nuestras familias logran escalar socialmente. Por eso, es indispensable defender con decisión lo que hemos construido”, concluyó.
