El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció esta semana el retiro del veto sustitutivo que la
anterior administración presentó el 5 de febrero pasado al proyecto de Ley Integral de las
Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que en ese
momento había terminado su trámite legislativo con la aprobación unánime del Senado
y la Cámara de Diputados.
De esta manera, la ley queda lista para su despacho por parte del Senado y continuar los
trámites conducentes a su pronta promulgación.
“Como hemos planteado desde la campaña, y en el marco de nuestro plan Generación Do-
rada, las personas mayores cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra socie-
dad, y merecen ser reconocidas como sujetos activos, con capacidad de decisión, participa-
ción y aporte. Por eso, estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una
ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores
avances por parte del Ejecutivo. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se
ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de
nuestro Ministerio», destacó María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia.
Añadió que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas a
las personas mayores, con el objetivo de darles a conocer los alcances de la medida, y el
enfoque prioritario que el ministerio le otorgará a la implementación de la ley.
“En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una con-
dición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre ge-
neraciones. El reconocimiento digno a las personas mayores no puede esperar. Esta ley
también les entrega los medios para que puedan mantenerse activos laboralmente, de
acuerdo a sus condiciones particulares, conservando su relacionamiento social y así, com-
batiendo la sensación de soledad, determinante en su calidad de vida.
PROTECCIÓN LABORAL
El retiro del veto sustitutivo permite mantener los beneficios que tiene la ley en materia de
protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores, al recono-
cer que el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo
es una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido.
Asimismo, permite avanzar hacia una legislación que no solo protege derechos, sino que
también combate el «edadismo» (discriminación por edad), reconoce el valor social y pro-
ductivo de las personas mayores y habilita las condiciones para su desarrollo laboral. «El
envejecimiento es parte del desarrollo del país y es nuestro deber garantizar oportunidades
laborales dignas durante todo el ciclo de vida. Se trata de una inversión en cohesión social,
inclusión y respeto intergeneracional», destacó la secretaria de Estado.
Soledad Carvacho, presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las
Personas Mayores, resaltó que Chile ratificó la Convención de las Personas Mayores, «pero
necesitamos una ley integral que la complemente y le dé cuerpo para defender los derechos
de las personas mayores(…) Esta ley define cada uno de esos derechos».
Por su parte, Sara Ortega, presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor Ma-
cul, subrayó que la ley «nos da más derechos, más facultades a las personas mayores. Nos
15 DERECHOS ESPECÍFICOS
permite una vejez digna, activa y saludable que es muy importante para nosotros. Además,
da más apoyo a Senama, que es la organización que nos dirige (…) Somos un país envejecido
y necesitamos que nos apoyen”.
La nueva Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Ac-
tivo y Saludable contiene 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el
derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho
a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la
independencia y a la autonomía, entre otros.
Asimismo y entre otros aspectos, la normativa resguarda los derechos de las personas ma-
yores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedi-
miento en la ley de tribunales de familia, para la aplicación de medidas de protección para
personas mayores víctimas de este abandono social, que permitirá actuar con mayor agili-
dad y entregar un adecuado tratamiento y soluciones programáticas de cuidados más am-
plias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.
