La preocupación por eventuales despidos, la disminución de programas de capacitación y el debilitamiento de distintos servicios públicos marcaron una reunión sostenida entre dirigentes de la ANEF, la CUT y funcionarios de organismos estatales con el senador por el Biobío, Gastón Saavedra Chandía, en la sede regional de la ANEF Biobío.
En la instancia participaron representantes de JUNJI, SENCE y dirigentes nacionales y regionales de la ANEF, quienes expusieron los efectos que podrían generar los recortes presupuestarios y las medidas de ajuste anunciadas para distintos servicios del Estado.
Tras el encuentro, el senador Gastón Saavedra calificó la jornada como “muy fecunda” y afirmó que una de las principales inquietudes de los trabajadores públicos apunta a la incertidumbre laboral y a las consecuencias que podrían tener las restricciones presupuestarias.
“Esta reunión abordó los efectos de la reforma tributaria encubierta que el Gobierno presenta, los recortes presupuestarios y los efectos en los diferentes servicios que tiene el aparato público”, sostuvo el parlamentario.
El legislador agregó que durante la conversación también se analizó la posibilidad de impulsar iniciativas legales orientadas a fortalecer las relaciones laborales dentro del Estado.
“A lo mejor un proyecto de ley que tenga que ver con salvaguardar los derechos laborales, mejorar las relaciones laborales y modernizar el Estado”, señaló.
Saavedra advirtió además sobre la preocupación existente entre trabajadores a contrata respecto de la denominada “confianza legítima” y posibles despidos hacia fines de año.
“Hay dudas respecto de la confianza legítima y la incertidumbre que existe en los trabajadores hacia finales de año, cuando se empiecen a aplicar medidas de despido respecto de trabajadores a contrata”, indicó.
Por su parte, la presidenta regional del Biobío y directora nacional de la ANEF, Lorena Lobos, valoró la reunión y destacó la importancia de abrir espacios de diálogo con representantes del Congreso.
“Para nosotros es una tremenda oportunidad tener un senador de la República en nuestra sede sindical y poder establecer ciertos lineamientos de lo que los trabajadores públicos también tenemos que decir”, expresó.
La dirigenta añadió que existe preocupación por el impacto social que podrían tener las restricciones presupuestarias en sectores vulnerables.
“Principalmente nos preocupa el presupuesto y los recortes presupuestarios que van a afectar a los más vulnerables de este país”, afirmó.
Desde JUNJI Biobío, Pamela Vallejo Salgado alertó sobre el déficit de personal que enfrentan los jardines infantiles debido a la falta de reemplazos y jubilaciones no cubiertas.
“Tenemos menos adultos en sala, lo cual está agotando mucho a nuestras funcionarias”, señaló.
Asimismo, aseguró que muchas trabajadoras han debido aportar recursos personales para mantener el funcionamiento de los establecimientos.
“Nuestras tías de jardines infantiles han sacado dinero de su propio bolsillo para que los jardines puedan funcionar y se pueda entregar una educación de calidad”, sostuvo.
Otra de las exposiciones que marcó la reunión fue la del secretario regional de la Asociación Nacional de Funcionarios del SENCE, Ricardo Fabián Muñoz Coletti, quien advirtió sobre la fuerte reducción presupuestaria que enfrenta el servicio y las consecuencias que podría generar una eventual modificación a la franquicia tributaria de capacitación.
“Hoy nuestro servicio refleja una reducción de un 40% de su presupuesto anual para ejecutar cursos de capacitación y herramientas focalizadas en empleo en la región”, explicó.
El dirigente recordó además que el Biobío enfrenta una compleja realidad laboral, con una de las tasas de cesantía más altas del país y altos niveles de informalidad.
“La Región del Biobío tiene una de las tasas de cesantía más altas del país y un 27% de informalidad laboral”, afirmó.
Muñoz advirtió que la disminución de recursos podría afectar gravemente a organismos técnicos de capacitación y provocar nuevas pérdidas de empleo.
“Hablamos de cerca de 30 mil personas que podrían quedar sin una fuente laboral dentro de los organismos técnicos de capacitación y eso podría impactar a unas 120 mil personas considerando toda la cadena asociada”, indicó.
Finalmente, defendió la capacitación como una herramienta fundamental para la reconversión laboral y la reinserción de trabajadores desempleados.
“La capacitación permite entregar herramientas frescas y una luz de esperanza para quienes llevan más de un año buscando trabajo en la región”, concluyó.
